Trabajo se reserva la opción de revisar la reforma laboral en solitario si no logra un acuerdo con patronal y sindicatos
El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos anunció ayer un nuevo plan normativo con las iniciativas que planea impulsar antes de fin de año para fortalecer la recuperación de la crisis del Covid-19, pero también para seguir dando cumplimiento a su acuerdo programático. Esta agenda, aprobada por el Consejo de Ministros, incluye desde la recuperación del plan de medidas contra el fraude fiscal que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya trató de aprobar en 2019 –malogrado por la convocatoria electoral del 28A– a la polémica revisión de la reforma laboral del PP. Esta última medida, que ha dividido a los socios de Gobierno, se abordará finalmente de forma parcial y será negociada en el diálogo social.
La derogación integral ha estado sobre la mesa y, de hecho, PSOE y Podemos llegaron a pactarla con Bildu en primavera a cambio de su apoyo a una de las prórrogas del estado de alarma, lo que suscitó una fuerte contestación del empresariado, que llegó a abandonar el diálogo social. Pese a que el vicepresidente de Asuntos Sociales y lider de Podemos, Pablo Iglesias, ratificó este compromiso, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, a la cabeza del ala más ortodoxa del Ejecutivo, acabó rechazando esta opción.
El Gobierno retoma ahora la idea limitándose a señalar que revisará “las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva”. Básicamente, busca recuperar la ultraactividad de los convenios mientras que las partes no alcancen un nuevo pacto y volver a primar los acuerdos laborales sectoriales sobre los de cada empresa.
Aunque el Ejecutivo avanzó que la medida será negociada con patronal y sindicatos, fuentes del Ministerio de Trabajo revelan que se reservan la opción de impulsar la reforma en solitario si no hay acuerdo posible. Algo probable dadas las advertencias del empresariado sobre la inconveniencia de endurecer para las compañías la legislación laboral en plena crisis económica por el Covid-19.
El plan semestral
“En el primer semestre hemos tramitado tres leyes orgánicas, nueve ordinarias y 27 decretos leyes” como parte de la agenda progresista del Gobierno, recordó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, avanzando que el nuevo plan normativo incluye el impulso antes de fin de año de otras 171 medidas legislativas. Estas incluyen un proyecto de reforma constitucional, para modificar la terminología con la que la Carta Magna se refiere a los discapacitados; tres leyes orgánicas; 58 leyes ordinarias y 119 reales decretos. Medio centenar son para incorporar al ordenamiento jurídico nacional directivas europeas.
El Gobierno ha ordenado su agenda en 10 bloques de medidas, el primero de los cuales pone el foco en la “reorientación del modelo productivo en el marco de la digitalización y la transición” medioambiental, lo que incluye aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2021 que permitan abordar la reconstrucción del país tras la pandemia y gestionar los primeros fondos de los 140.00 millones en ayudas y créditos que la UE prevé conceder a España. En este sentido, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzó que aspira a tener listo un borrador de las nuevas cuentas a finales de este mes, o comienzos del próximo, para comenzar a negociarlo con todas las fuerzas políticas a fin de lograr un consenso que vaya más allá del logrado para la investidura de Pedro Sánchez.
Montero admitió que las nuevas cuentas deberán tratar de acompasar la reforma fiscal progresista planeada por el Gobierno al ritmo de la recuperación económica, lo que previsiblemente acabe postergando cualquier alza fiscal a excepción de la creación de las tasas Google y Tobin. Estas, pendientes del visto bueno del Senado, forman parte del plan normativo del Gobierno para este semestre y se acompañarán del plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye medidas como la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo entre profesionales.
Finalmente, el paquete incluye una Ley de Formación Profesional; otra de Vivienda; o legislación para regular el teletrabajo; fortalecer la inversión en ciencia (ver despiece); modernizar la administración pública; reforzar la igualdad de género, y desarrollar la llamada Memoria Democrática.
