Cuestionan que se haya hecho por motivos políticos y dicen que crea inseguridad jurídica
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) lamenta que el Gobierno haya retrasado a 2027 la puesta en marcha de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para empresas y autónomos, por «motivos de interés meramente políticos» y señala que la decisión crea inseguridad jurídica.
La asociación, en un comunicado emitido este martes, indica que la decisión se ha tomado sin un proceso previo de contraste técnico suficiente. «Los cambios sobrevenidos y sin una adecuada explicación técnica introducen inseguridad jurídica, penalizan el cumplimiento voluntario y pueden trasladar a la sociedad el mensaje equivocado de que las obligaciones tributarias son flexibles o reversibles por razones ajenas a su finalidad».
Los inspectores de Hacienda explica que durante los últimos años, este proyecto ha sido presentado como una pieza clave en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente frente al uso de software de ocultación de ventas, y como un instrumento esencial para avanzar en la digitalización y trazabilidad de la facturación empresarial. «Los reiterados mensajes institucionales sobre los plazos de cumplimiento han generado una expectativa legítima en empresas, desarrolladores y profesionales que han invertido recursos económicos y humanos para adaptarse a tiempo», apunta.
La asociación entiende la necesidad de facilitar una transición ordenada, en particular para pymes y autónomos, pero cree que es imprescindible que cualquier modificación de calendario venga acompañada de una motivación clara, transparencia en los criterios utilizados y una comunicación coordinada, especialmente con quienes han trabajado en la implantación del sistema. «No hay que olvidar que el éxito del Verifactu no depende solo de la tecnología, sino de la credibilidad institucional, la coherencia regulatoria y el respeto a quienes han actuado de buena fe anticipándose a la norma», subrayan.
La nueva normativa que se ha retrasado hasta 2027 obligaba a las empresas que ingresen menos de seis millones de euros al año y a los autónomos a utilizar unos programas informáticos para facturar que cumplieran con los nuevos requisitos exigidos por Hacienda. Entre ellos, destacaba que estos softwares permitieran la trazabilidad de las facturas, que, una vez emitidas, no se pudieran modificar, y que no permitieran a los profesionales la llevanza de una contabilidad paralela o en ‘b’.
Además, estos programas debían poder conectarse con la Agencia Tributaria. Es decir, las empresas y profesionales podía remitir de forma instantánea a Hacienda todas las facturas que emitieran, aunque esta opción era voluntaria. No obstante, lo hicieran o no, los programas debían poder conectarse con la Administración para que, en el caso de que esta requiriera las facturas, pudieran enviársele. Asimismo, la Agencia Tributaria ya había avisado que pondría más control sobre todos aquellos profesionales que no les remitieran automáticamente las facturas.
Esta es la segunda vez que se retrasa la obligación para empresas y autónomos. Inicialmente, iba a entrar en marcha este 2025. Pero, finalmente se retrasó de modo que las empresas debían contar con estos sistemas el 1 de enero de 2026, y los autónomos, el 1 de julio de 2026. Finalmente, las empresas deberán tenerlos el 1 de enero de 2027 y los autónomos, en julio de 2027.
(Noticia extraída de El Economista)
