El Gobierno llega a un preacuerdo con CCOO y UGT para incrementarlo un 3,1%, a 1.221 euros
El Ministerio de Trabajo ha cerrado un preacuerdo con los sindicatos para subir el SMI en 37 euros brutos al mes, hasta los 1.221 euros, y que este sueldo quede exento de tributación. Como en los años anteriores, CEOE y CEPYME, quedan fuera del acuerdo tras el descontento generado en las últimas horas por la propuesta planteada por Hacienda en la que ofrecían a las empresas una reducción fiscal en el Impuesto de Sociedades para compensar el aumento de costes salariales. El equipo de Yolanda Díaz se compromete a modificar la normativa para evitar que las empresas reduzcan o eliminen los complementos salariales que cobren los trabajadores para ajustar el nuevo sueldo, el punto que más desacuerdo generaba con la patronal, que recurrirá el cambio en los tribunales.
A la hora que concluía la reunión convocada por el Gobierno en la tarde de este jueves, la dirección de CEOE estaba reunida para manifestar su posición respecto a la propuesta fiscal que se dio a conocer en las últimas horas por la prensa y que los empresarios no han recibido por escrito. Las fuentes empresariales consultadas por elEconomista.es trasladan que el clima era de indignación, horas después de que la patronal emitiera un comunicado en el que denunciaba la falta de respeto que ha mostrado el Ejecutivo en esta negociación. La patronal cree que se ha dado una quiebra del diálogo social sin precedentes que denunciarán en la OIT y trasladarán a la Comisión Europea.
El Gobierno ya había avanzado el pasado lunes que había tomado la decisión de incrementar el SMI en un 3,1%, como recomendaba el comité asesor, ya que este porcentaje era el que permitía situar este salario en el 60% del salario medio y cubrir el incremento de precios de 2025, según sus cálculos, que fueron cuestionados tanto por CCOO y UGT, como por la patronal. Es por ello que la novedad principal respecto a las últimas reuniones es que el Ministerio de Trabajo ha reiterado su compromiso de cambiar la estructura de los salarios para atender el compromiso adquirido con los sindicatos en la negociación del año pasado y que canalizará al adaptar la directiva de salarios mínimos.
Actualmente la normativa exige que las empresas paguen a sus trabajadores como mínimo el SMI. El Estatuto de los Trabajadores y también el Tribunal Supremo entienden que esta cantidad se puede alcanzar por la suma del salario base y de los complementos salariales que tenga reconocidos el trabajador, por ello, es habitual que con las subidas del salario mínimo algunas empresas recorten el salario base y a este le sumen los complementos existentes, un proceso conocido como absorción y compensación de pluses, por lo que la mejora salarial no se traslada al ‘bolsillo’ de los trabajadores.
Este es el procedimiento que los sindicatos y Trabajo quieren impedir a través de un real decreto, un reglamento en el que quieren recoger los puntos que deben trasladarse de la normativa europea a la nacional con motivo de la directiva de salarios mínimos. El secretario de Estado del área, Joaquín Pérez Rey, ha mantenido que el Gobierno considera que puede hacerlo sin modificar una ley, a pesar de que tanto los despachos profesionales como las organizaciones empresariales aseguran que no puede forzarse un cambio en el Estatuto de los Trabajadores por esta vía.
Precisamente, en su oferta de incremento del SMI, CEOE había condicionado el incremento planteado del 1,5% a que el Ejecutivo no modificase los criterios de absorción y compensación, por lo que este paso supone una nueva ruptura entre Trabajo y los empresarios. No obstante, se abrió a flexibilizar su posición si el Gobierno garantizaba que las empresas que prestaban servicios al sector público iban a poder repercutir el incremento del SMI al precio de las licitaciones. Sin embargo, el planteamiento de Hacienda de una rebaja fiscal en el Impuesto de Sociedades fue rechaza de plano este jueves.
Trabajo ha explicado tras la reunión que tras leer el comunicado emitido por la patronal en el que se tachaba la propuesta de «trilera», se anticipaba que no sería suficiente para cubrir el aumento de los costes laborales que conllevaba la subida y se cuestionaba el intento del Gobierno de injerir en el diálogo social, el Gobierno ha decidido no presentar formalmente el documento que los empresarios conocieron un día antes por la prensa. Así, la propuesta muere con solo un día de vida, ya que los sindicatos habían expresado su descontento con el Ejecutivo por impulsar esta rebaja fiscal.
El Comité Ejecutivo de CEOE ha decidido por unanimidad rechazar el incremento que aprobará el Gobierno en las próximas semanas. «Queremos dejar claro que esta subida es una trampa, dado que Trabajo realmente ha pactado con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a un gran número de empresas» han denunciado los empresarios en un segundo comunicado.
(Noticia extraída de El Economista)
