Según la sentencia, la extracción masiva de datos compromete la seguridad de la empresa y vulnera la normativa sobre protección de datos.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria ha avalado la procedencia del despido disciplinario de un comercial que descargó de forma no autorizada más de 475.000 registros con información confidencial de algo más de 16.000 clientes en una memoria USB de su propiedad.
La sentencia determina que la extracción masiva de datos compromete la seguridad de la empresa y vulnera la normativa sobre protección de datos, lo que supone una transgresión grave de la buena fe contractual y un abuso de confianza irrecuperable.
Los hechos se desencadenaron cuando los sistemas informáticos detectaron una alerta en tiempo real por un tratamiento no autorizado de archivos. Tras ser requerido por la dirección el mismo día de los hechos, el trabajador admitió haberlos descargado en un dispositivo externo y haber salido de las instalaciones junto con el portátil corporativo, con la intención de abandonar la entidad.
En el recurso de suplicación, el empleado solicitaba la nulidad o improcedencia alegando que no se había probado que utilizara los datos con fines lucrativos o que los hubiera cedido a terceros. Sin embargo, el TSJ remarca que para justificar el despido no se exige la demostración de «un daño patrimonial efectivo» ni la materialización del lucro personal. Basta con la creación de una situación objetiva de riesgo que exponga a la empresa a posibles sanciones por brechas de seguridad o a reclamaciones.
Asimismo, la resolución aborda la omisión del trámite de audiencia previa antes de comunicar el despido disciplinario. El tribunal explica que, si bien la normativa no exige con carácter general ofrecer la posibilidad de defensa antes del cese, existen excepciones plenamemente justificadas cuando concurre un riesgo potencial e inminente. Por ello, valida la reacción inmediata de la empresa para salvaguardar la privacidad de sus clientes.
(Noticia extraída de Expansión)
