La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado al administrador de una sociedad vinculada a la investigación de nuevos productos alimentarios por un delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea.
También le ha impuesto una multa de 750.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.
El tribunal considera acreditado que la empresa recibió 1.245.605 euros de fondos de la Agencia Europea de Investigación y que el acusado «incumplió gravemente las obligaciones asumidas». De esta forma, subraya que parte significativa de la financiación fue destinada o justificada de forma incorrecta, frustrando la finalidad de la subvención.
Los magistrados explican que el informe de auditoría constató, además, la ausencia o ejecución parcial de «trabajos de investigación, ensayos clínicos, validaciones científicas y actividades de difusión y explotación de resultados». En total, 706.752,53 euros no fueron destinados a la finalidad prevista ni correctamente justificados, pues 424.134,46 euros debían haberse distribuido entre otros participantes; y 282.618,27, correspondían a fondos recibidos en exceso que debían ser devueltos.
(Noticia extraída de El Derecho)
