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Dolors Bassa: «La inspección laboral tiene que acompañar a la empresa»

Por |2016-07-20T10:01:53+00:0020/07/2016|Categorías: Publicaciones Laboral|Etiquetas: , |

La ‘consellera’ de Treball confía en que no se tendrán que devolver fondos no gastados del plan contra el paro juvenil.

Dolors Bassa ha pasado en pocos meses de dirigir la UGT de Girona y lidiar con Carles Puigdemont como alcalde de esa ciudad a ocupar un escaño en el Parlament del grupo de Junts Pel Sí correspondiente a las filas de ERC y, desde enero pasado, a asumir la ‘macroconselleria’ de Treball, Afers Socials i Famílies. Bassa se declara partidaria de un espíritu constructivo de la inspección de Treball con las empresas que deje la sanción como útimo recurso.

–¿Qué evolución prevé del mercado laboral y qué objetivos se marca?
–Queremos mejorar el mercado laboral en los probemas más importantes: la temporalidad, con políticas que ayuden a desestacionalizar; la precariedad y el de igualdad de género. También estamos trabajando para subir el salario mínimo a 1.000 euros, aunque no tenemos plenas competencias y por eso lo que hacemos es discurso y mejorar las políticas activas que tenemos.

–Se está creando empleo pero con muchos problemas de temporalidad, sueldos bajos y muchos contratos a tiempo parcial. ¿Cómo puede incidir en ese terreno el Govern?
–Con políticas activas que mejoren esos aspectos y poca cosa más. La creación de ocupación la hacen las empresas. Tenemos otra herramienta que es la inspección de Treball. Hemos pedido más inspectores y hemos puesto más técnicos habilitados. Seremos muy constantes en esos temas pero viendo muy claramente que no tiene que ser sancionadora, sino que la inspección laboral tiene que acompañar a la empresa. Queremos darle ese nuevo carácter. De todas las visitas de la inspección del 2015 solo un 17% han acabado con una infracción y sanción. Eso quiere decir que la inspección hace mucho más que sancionar. Queremos repartir más las políticas activas en edades y sectores para evitar la cronificación del paro. A los mayores de 55 años les ofreceremos planes de empleo con un salario de 1.000 euros y durante un año.

–Pero quizá hay empresas que solo rectifican con sanciones y no solo con buen rollo de la inspección.
–No solo es buen rollo. Hay que poner más efectivos para que controlen, que no quiere decir que se acabe con una infracción. Detectar contratos que acaben en indefinidos, por ejemplo. También ponemos sanciones, como la última de cinco millones de Telefónica. No hay que ver la inspección como algo que siempre acaba en sanción.

–¿Cómo está el trabajo para crear la estructura de Estado de la agencia de Seguridad Social?
-La agencia de protección social tendrá la cartera de servicios sociales. Lo que estamos haciendo es reordenar la cartera de servicios de manera que cada persona tenga en cada momento la prestación que le corresponda. Han pasado seis meses y avanzamos según el ritmo previsto. El Constitucional ha dado por bueno que tengamos la agencia, igual que el País Vasco. Al mismo tiempo, el Parlament tramita la ley de Seguridad Social. Cuando la ley nos dé pie, la agencia estará a punto.

–Pero cuando se apruebe una ley que asuma las pensiones o el paro, previsiblemente habrá un recurso automático del Gobierno central.
–Si no tenemos esa ley, tendremos una ley de transitoriedad que permitirá gestionar esas políticas aunque no tengamos competencias.

–¿Cómo negociarán el traspaso de activos y pasivos en las pensiones?
–Ahora no diseñaremos qué tipo de pensiones habrá. Ahora trabajamos para tener la estructura para poder gestionar las pensiones.

–¿Cómo explica que la aportación de fondos propios de la Generalitat a políticas activas sea la imprescindible que exige Bruselas?
–No tenemos presupuesto aprobado para este año. Queríamos aumentar los fondos, pero el presupuesto no se aprobó.

–Pero otros departamentos han buscado recursos adicionales aprovechando mecanismos legales para modificar el presupuesto.
–No hay mecanismos legales. Lo haremos para el 2017. Ahora podemos tener crédito pero sin aumentar el gasto porque nos obligaría a reducirlo en otro ámbito.

–¿Cómo lleva personalmente el cambio de su oposición a los contratos del SOC con agencias privadas cuando estaba en UGT a gestionarlos ahora como ‘consellera’?
–Lo llevo bien. Hay una partida económica de los fondos que recibimos de Madrid que solo va a agencias privadas de colocación. Podíamos hacer dos cosas. Renunciar a esa partida o destinar el mínimo y acordamos con los agentes sociales que haríamos eso. El sector privado tiene que estar, pero no con las cantidades que había hasta ahora.

–¿En qué situación está la ejecución del plan de garantía juvenil? ¿Sigue habiendo problemas?
–Vamos a un ritmo correcto, tenemos 30.000 jóvenes inscritos, de los que 28.000 han encontrado trabajo. Catalunya está bien, mejor que otras comunidades, lo que nos ha permitido tener más dinero. Pero hay un peligro que es que como lo que hacemos nosotros no se transmite directamente a Europa podríamos tener un problema de tener que devolver dinero si no se soluciona el tema antes de octubre o noviembre por el nivel general de cumplimiento.

–Según las últimas cifras, Catalunya había ejecutado algo más de un 30% del plan. ¿No tendría que ir más rápido?
–Ese nivel es lo previsto porque el margen para que se inscriban jóvenes es muy limitado por los condicionantes que hay. Por ejemplo, los jóvenes que tienen un contrato de fin de semana saltan de las listas y tienen que esperar para poder inscribirse. Las condiciones del plan de garantía juvenil están pensadas desde un despacho sin tener en cuenta el mundo del trabajo.

–Pero si en el 2017 no se han gastado los fondos, tendrán que devolverlos. ¿Podrán cumplir?
–En Catalunya creemos que sí porque falta un año y medio y estamos trabajando con entidades para ampliar el número de jóvenes inscritos. También estamos trabajando con el Ministerio de Empleo para mejorar algunos aspectos.

–Teniendo en cuenta que el paro juvenil roza el 50%, es difícil de comprender que no se pueda gastar el dinero disponible.
–El plan está diseñado de una manera que no tiene relación con el mercado laboral que tenemos. En otros países, que no tienen nuestro nivel de paro ni de precariedad, no tienen esos problemas.

(Noticia extraída de El Periódico)

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