La automatización de procesos reduce la resolución de expedientes de cinco años a menos de seis meses.
La gestión de la extranjería en España atraviesa una paradoja histórica que define la realidad de la Administración Pública del siglo XXI. Por un lado, el Estado ha logrado implementar sistemas de robotización e Inteligencia Artificial que han pulverizado los tiempos de espera en trámites complejos, convirtiendo al Ministerio de Justicia en un referente tecnológico a nivel europeo.
Por otro, esa misma Administración se muestra incapaz de garantizar el acceso físico y primario de los ciudadanos a sus derechos básicos, estrellándose contra un muro burocrático, la brecha digital y un sistema de cita previa colapsado que, en última instancia, está empujando a los administrados hacia la desesperación y, en los peores casos, hacia las redes de fraude penal.
Esta es la radiografía dual, de luces brillantes y sombras profundas, que se extrae de las intervenciones de los máximos responsables institucionales durante el I Congreso de Extranjería organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam).
Para comprender la magnitud del avance tecnológico en el seno del Ministerio de Justicia, es necesario abandonar la imagen tradicional de una administración sepultada en papel. Aitor Cubo Contreras, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, explicó con rotundidad el cambio de paradigma conceptual que ha permitido este hito: el paso a una administración «orientada al dato».
Según Cubo, la verdadera digitalización no consiste en escanear un papel o enviar un PDF, sino en estructurar la información de tal forma que las máquinas puedan leerla y procesarla sin intervención humana, lo que permite «tomar actuaciones automatizadas» y eliminar el error humano.
El objetivo inicial del plan Justicia 2030 era sumamente ambicioso: «que la justicia lidere la adopción de nuevas tecnologías como robotización e inteligencia artificial en el sector público y privado español». Y los resultados numéricos avalan esta transformación.
En el ámbito de la Justicia, se han realizado «más de 23 millones de actuaciones automatizadas que suponen un ahorro de casi dos millones de horas que suponen un ahorro de más de 25 millones de euros». Sin embargo, desde un punto de vista técnico y jurídico, Cubo ha destacado la necesidad de trazar una línea divisoria clara entre la Inteligencia Artificial (IA) y la Automatización Robótica de Procesos (RPA, por sus siglas en inglés).
«Cuando estamos hablando de robots y de automatización, hablamos de cuestiones que dependen de reglas como la concesión de un expediente de nacionalidad. No es algo que dependa de una decisión de un funcionario desde el punto de vista subjetivo», ha aclarado el director general. Para ilustrar la seguridad de delegar las tareas en un software, Cubo ha dado una metáfora matemática: «Si les digo que hagan una división de 12.424.327 entre 74 y que depende la vida de su hijo o derecho, ¿la harían a mano o la harían a máquina? De eso hablamos».
De cinco años a cinco meses
El campo de pruebas donde esta robotización ha demostrado un éxito sin precedentes es en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, la vía más habitual para adquirir la condición de ciudadano español. María Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ha revelado el volumen inabarcable al que se enfrenta su departamento, pasando de 200.000 solicitudes en 2021 a rozar las 300.000 en 2025.
«Ese grado de solicitudes, si queremos hacer una Administración eficaz y eficiente y dar a los ciudadanos una respuesta en un plazo razonable, esto no hay persona que pueda asumirlo. Así pongamos equipos de miles y miles de personas», ha reconocido.
La solución ha sido ceder el control del proceso mecánico al algoritmo. Una vez que el solicitante, preferiblemente a través de un gestor administrativo, sube la documentación correcta (partida de nacimiento literal y legalizada, certificado de antecedentes penales del país de origen, pasaporte íntegro y certificados del Instituto Cervantes), el sistema absorbe los datos y el robot toma el mando.
Sin intervención humana
El software interopera de forma simultánea e instantánea con las bases de datos de la Policía Nacional para verificar antecedentes policiales, con el Ministerio de Justicia para los penales, con el Ministerio del Interior para certificar el periodo de residencia legal y continuada, y con el Instituto Cervantes para autenticar las pruebas de idioma e integración. Si todas las respuestas institucionales son positivas, «el robot sigue trabajando, sigue trabajando y elabora una propuesta de resolución que va directamente al portafirmas del subdirector general».
El impacto de este proceso en los tiempos de la Administración ha sido calificado como histórico. Lo que antes era un laberinto temporal agónico, ahora es un trámite previsible. Como resumió Aitor Cubo, se ha pasado «básicamente el titular de 5 años a 5 meses». Ester Pérez ha confirmado esta realidad, asegurando que si el expediente está completo y no requiere subsanaciones, «la media entre el año pasado y este es que se resuelven entre tres y seis meses».
Este triunfo de la digitalización se complementa con la entrada en vigor definitiva del nuevo Registro Civil único y electrónico (Dicireg), un «proyecto país» que ha transformado un sistema obsoleto basado en el territorio, de la ley de 1957, a un modelo moderno basado en la persona, eliminando la competencia territorial y permitiendo que cualquier ciudadano obtenga certificaciones en cualquiera de las oficinas generales o consulares.
Colapso y brecha digital
Sin embargo, el asombroso avance en el backend de la Administración (la tramitación interna automatizada) choca frontalmente con el desastroso frontend (la puerta de entrada y atención al público), generando una frustración inmensa. Mientras los robots resuelven nacionalidades en tres meses, los seres humanos tardan el doble en conseguir que alguien les atienda para iniciar un trámite básico.
Patricia Bárcena, adjunta segunda del Defensor del Pueblo, aportó la visión más crítica y preocupante de la jornada. En su labor de garante de los derechos constitucionales frente a la actuación de los poderes públicos, Bárcena alertó de que las quejas ciudadanas en materia de extranjería crecieron de forma exponencial el año pasado y en el primer semestre del actual «han casi al doble si los comparamos con el mismo periodo del año anterior».
El principal foco de esta crisis institucional son «las demoras en las oficinas de extranjeros en todos los procedimientos», donde la institución ha constatado, tras requerir información a las delegaciones, «retrasos en casi todos los procedimientos de más de cuatro meses, incluso nueve y en algunos superan el año». Pero el verdadero embudo, la barrera infranqueable para miles de migrantes, es el sistema informático de acceso previo.
En palabras de la representante del Defensor del Pueblo: «Expedientes que tenían que comenzar con la presentación de una solicitud, se han convertido en una auténtica tortura en búsqueda de la cita y en ocasiones en un negocio fraudulento».
Este diagnóstico ha sido refrendado con contundencia por Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, quien no dudó en calificar el sistema actual como un fracaso en su concepción de servicio público. «La cita previa se ha convertido en un obstáculo para la ciudadanía», ha sentenciado Santiago, denunciando la brecha digital que la Administración ignora deliberadamente.
«No todo el mundo es capaz de utilizar un certificado digital, no todo el mundo es capaz de utilizar Cl@ve, no todo el mundo es capaz de relacionarse con la Administración».
La digitalización excluyente, impuesta sin alternativas presenciales viables, está mermando el principio de buena administración. El Salvador González Martín, presidente de la Abogacía Española, ha advertido del peligroso rumbo que está tomando esta tecnificación deshumanizada, alertando que «se está construyendo un sistema tecnológico en las Administraciones que está descuidando los derechos y garantías de los ciudadanos».
Para González, si un ciudadano o un profesional no tiene acceso a internet o a su firma digital en un momento dado, «tengo que poder hacerlo como siempre, yéndome a Tráfico o al juzgado, y eso tiene que ser irrenunciable».
Respuesta a la desesperación
Cuando el Estado falla en proveer canales legales y ágiles para el ejercicio de los derechos, el mercado negro florece. El colapso del sistema de citas y las interminables demoras administrativas han abonado el terreno para la proliferación de redes criminales y despachos desaprensivos que se lucran con la desesperación del extranjero.
Jaime Luaces Masaveu, fiscal adscrito a la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, ha ofrecido una perspectiva inquietante sobre cómo las irregularidades administrativas cruzan la frontera hacia el Código Penal. La Fiscalía investiga de manera recurrente el delito de tráfico de personas o inmigración ilegal, tipificado en el artículo 318 bis del Código Penal.
Luaces explicó la mecánica de este fraude sistémico detectado en las oficinas de extranjería: «Encuentran más de 50 expedientes con irregularidades con documentación falsificada. Esta documentación puede ser desde billetes de avión, títulos de algún curso de cualquier tipo, documentos médicos y es muy frecuente certificados de envíos de dinero a su país de origen».
El objetivo de esta falsificación documental masiva es acreditar de manera ilícita los requisitos de estancia continuada en España para lograr autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, como el arraigo. El matiz jurídico fundamental, según ha detallado el fiscal, es que «la persona extranjera que solicita ese permiso de residencia nunca será acusada por el delito de inmigración ilegal», sino que, a lo sumo, enfrentaría un presunto delito de falsedad documental.
«Quien responde, a quien se acusa por un delito sería la tercera persona que ha facilitado esa documentación», es decir, las mafias o los falsos profesionales que orquestan el engaño a gran escala, ha explicado. Sin embargo, la investigación penal se enfrenta a graves problemas probatorios para determinar si el extranjero fue engañado por el intermediario o si aportó voluntariamente el documento falso a sabiendas.
(Noticia extraída de El Economista)
